Adalid Cabrera Lemuz

La derecha se desmorona y busca candidatos indígenas

SURda

La Epoca

A poco más de siete meses de la realización de elecciones generales, los partidos de oposición no hacen pie y aún deambulan sin candidatos de fuste que enfrenten al Presidente Evo Morales Ayma en diciembre, aunque buscan con desesperación uno de origen indígena para poner en marcha una campaña sustentada en su anhelo de “derrotar al indio con otro indio”, como anunciaron.

Ya surgieron en la palestra algunos viejos políticos, como el ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, Víctor Hugo Cárdenas, y dirigentes campesinos como Román Loayza, Roberto de la Cruz y Alejo Veliz, que se sumaron a otro que va por su lado en su aspiración Presidencialista, el actual alcalde de Potosí, René Joaquino, jefe de Alianza Socialista (AS).

Cárdenas ha sido los últimos días un permanente invitado de algunos medios privados de comunicación en los que anunció que “comenzó a abonar un terreno político-electoral ante la oleada de manifestaciones de apoyo recibidas de diversas partes del país”, según dijo.

Para algunos analistas, Cárdenas no debía llamarse más Víctor Hugo, sino Lázaro, porque resucitó de las cenizas para volver al escenario político tras los incidentes producidos en una casa en la que habitaba en la localidad de Huatajata, a las orillas del lago Titicaca.

Se había especulado inicialmente que Cárdenas iba a formar parte de una propuesta electoral junto al ex presidente Carlos Mesa, pero ante la declinación de éste, busca ahora erguirse como cabeza de fórmula. No se conoce las fuentes de financiamiento de su eventual campaña.

En ámbitos político-congresales se afirma que Cárdenas conformaría su propuesta electoralista con el actual Presidente de la Cámara de Senadores Oscar Ortíz, un alto representante de la burguesía empresarial de Santa Cruz y hoy ubicado en la disidencia de la agrupación ciudadana PODEMOS del ex presidente Jorge Quiroga Ramírez.

¿Más tablas de salvación opositora...?

Además de Cárdenas, algunos dirigentes campesinos han salido a la palestra, entre ellos Román Loayza y Alejo Veliz, a los que se ha arrimado el concejal de la ciudad de El Alto Roberto de la Cruz. También reapareció la otrora dirigente del MAS en Santa cruz, Adriana Gil.
Obviamente los medios de comunicación de propiedad del empresariado les abrieron sus puertas, cámaras y micrófonos en el intento de mostrar que hay una supuesta “escisión y descontento masista”.

El abogado y analista Idón Chivi subrayó que en estos tiempos en los que Bolivia vive un proceso de cambio y de transición política, los resabios del neoliberalismo quieren ponerse una máscara indigenista de apertura cuando en realidad mantienen un “racismo mediático perverso y maquiavélico para capear el temporal en procura de recuperar el poder por otras vías”.
Giro de 180 grados

Curiosamente, en esta coyuntura en la que la oposición no cuenta con un candidato salido de sus filas con posibilidades de hacerle sombra a Evo, la oposición ha decidido cruzar a la acera del enfrente en busca de dirigentes de raíces indígenas como la mejor manera de sobrevivir o, por lo menos, captar algunos escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional a ser elegida en los comicios de diciembre. Por ello alientan a dirigentes que en el pasado eran blanco de sus críticas racistas como Loayza, Veliz y De La Cruz y hasta a Felipe Quispe, el Mallku.

Chivi señaló que estos sectores oligárquicos defensores de los intereses de las minorías y de los poderes económico-dictatoriales quieren hoy captar a dirigentes ligados a las mayorías, pese a que tradicionalmente “sustentaron sistemas de gobierno señoriales basados en el color de la piel y en un racismo grosero”.

Los planes electoralistas “indigenistas” de la oposición se acentuaron tras la desarticulación el pasado 16 de abril de una red terrorista encabezada por un ciudadano boliviano-húngaro-croata, Eduardo Rosza Flores, debido a que el Ministerio Público investiga a algunos empresarios simpatizantes de las oligarquías de derecha por su presunta vinculación con esos afanes conspirativos y magnicidas, entre ellos Hugo Achá y Alejandro Melgar. Ambos están prófugos, Melgar en Estados Unidos y Melgar en Uruguay.

El Ministerio Público dispuso igualmente la detención preventiva de los ex miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UCJ), Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, para investigarlos por su presunta participación en la dotación de armamento al grupo terrorista de Rosza Flores. Gueder fue miembro de las Fuerzas Armadas, de donde fue dado de baja acusado de delitos del narcotráfico.

El diario brasileño “Hora do Povo”, publicó en marzo pasado que milicias financiadas por empresas petroleras de Estados Unidos y sectores privados de los departamentos de la Media Luna de Bolivia eran entrenados por paramilitares colombianos en la frontera boliviano-brasileña. La publicación no descartó que la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) esté involucrada en esos aprestos.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, dijo que ese sector no tiene ninguna vinculación con actividades terroristas y emplazó a la Fiscalía a dar a conocer puntualmente el nombre y apellido de los sospechosos.

Pacto contra el terrorismo

El presidente Evo Morales informó que el plan de magnicidio que implementaron los terroristas encabezados por Rosza Flores contaba con financiadores dentro y fuera de Bolivia. El propio Rosza Flores confirmó en un video difundido en varios canales de televisión tras su muerte que grupos interesados del departamento de Santa Cruz buscaban estructurar milicias combatientes en la región para que defienda sus afanes independentistas.

Frente a esa amenaza terrorista que aún continúa latente, el Jefe de Estado convocó los pasados días a los poderes del Estado, instituciones y movimientos sociales a sustentar un pacto antiterrorista en defensa de la democracia, la unidad del país y la seguridad de los propios ciudadanos.

Las autoridades siguen con cuidado el resultado de la investigación del Ministerio Público ante indicios de que la célula terrorista desarticulada en Santa Cruz haya sido solamente una de las cabezas de la megaconspiración contra la democracia y la vida de los principales líderes del proceso de cambio, principalmente del presidente.

Morales anotó que “ mercenarios y sicarios financiados por grupos de poder nacional e internacional querían destrozar al gobierno y asesinarme, sin medir que ese hecho daría lugar a un gran levantamiento popular de imprevisibles consecuencias”.

Oposición herida

El cambio de estrategia de la oposición en procura del poder para pasar del debate democrático a otras vías se habría producido porque sus dirigentes sufrieron permanentes fracasos y derrotas en las urnas desde las elecciones de diciembre de 2005 a manos del entonces líder sindical y hoy presidente Evo Morales.

No contentos con esa derrota, la oposición política, cívica y empresarial asentada principalmente en las regiones de la denominada “Media Luna”, instaló trincheras en diversos frentes, entre ellos en la Asamblea Constituyente instalada en Sucre en agosto de 2006. Su objetivo era provocar el fracaso del proceso constituyente y la aprobación de una Carta Magna que refleje la realidad nacional y los intereses de todos los bolivianos, no solamente de un sector minoritario.

En Sucre, esos frentes se dedicaron a deslegitimar el trabajo del órgano deliberante y obstaculizaron periódicamente su marcha con argumentos falaces y chicanas jurídicas. Al fracasar en ese intento, impulsaron una oleada de violencia cuyo blanco fueron los constituyentes de las agrupaciones ciudadanas que apoyaban el cambio.

Alianza cívico-política

En ese entonces ya se detectó la articulación de la oposición entre los políticos y las agrupaciones cívicas de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca. La presencia cada vez más frecuente en Sucre del entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, además de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), fue notoria y se reflejó en la sucesión de la violencia racista.

Llegaron al punto de generar malestar en los pobladores de Sucre en los que alentaron viejos enconos recogidos de la guerra federal del siglo pasado al empujarles a exigir que esa ciudad sea declarada sede de todos los Poderes del Estado con el propósito de provocar fricciones con La Paz.

Ante el fracaso de sus aliados políticos en el Parlamento y en la Constituyente, los opositores trasladaron sus trincheras a las regiones de la Media Luna bajo las banderas de autonomía departamental y exigencias al Ejecutivo para captar la mayor cantidad de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

No satisfechos con ello la alianza derechista político-cívica planteó un referéndum revocatorio para precipitar que el pueblo reste respaldo al Presidente de la República y así precipitar su renuncia. El remedio - para ellos- resultó peor que la enfermedad porque Evo recibió el apoyo mayoritario de la población, mientras que los opositores acumularon más heridas al perder el control de las Prefecturas de Cochabamba y La Paz.

Empero, tras ser derrotados en ese referéndum, la oposición se rearmó para dejar a un lado las urnas y la democracia e impulsar manifestaciones callejeras con la toma de oficinas estatales, bloqueos de vías camineras e inclusive con atentados contra gasoductos.

Esas acciones alcanzaron su punto más grave a mediados de septiembre en el departamento de Pando, donde grupos paramilitares que respondían al mando del entonces prefecto Leopoldo Fernández Ferreyra masacraron a más de una decena de campesinos con disparos de armas de fuego e hirieron a más pobladores que se dirigían a una concentración que iba a analizar la coyuntura política nacional.

El hecho provocó la reacción del Gobierno en defensa de la seguridad y los derechos humanos de los pobladores de ese departamento. Fue destituido Fernández Ferreyra y detenido junto a varios de los responsables de la matanza para ser sometidos a la justicia ordinaria. Otro punto menos para los opositores.

Más ataques

Después de la detención de Fernández y el quiebre del denominado Consejo Nacional de la Democracia (CONALDE), la oposición volvió a la carga en el Congreso para impedir la aprobación de una Ley Electoral transitoria que norme las elecciones Presidenciales y Legislativas de diciembre y de Prefectos y Alcaldes en abril de 2010.

Pese a que ese acto electoral fue concertado por las fuerzas del oficialismo y de la oposición en mesas de diálogo dentro y fuera del Congreso, a la hora de la verdad fue obstaculizado en el Senado para impedir a toda costa su realización en diciembre ante el temor de que los resultados marquen el fin de su presencia o por lo menos su disminución en el poder.